DIP. JORGE ARIZMENDI GARCÍA:
Con su permiso, ciudadano Presidente;
Compañeros diputados;
Público en general:
LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 50, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE INSTRUMENTO LEGISLATIVO CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES:
C O N S I D E R A C I O N E S
México afronta una severa crisis de seguridad pública. En todos los ámbitos de la sociedad se percibe la existencia de graves deficiencias en la seguridad y la protección de las personas.
El gobierno federal y sus representantes afirman que este fenómeno tiene origen en la política anticrimen y en el combate frontal a la delincuencia organizada, la que reacciona violentamente en contra de la sociedad.
Las explicaciones de los motivos y factores que propician la delincuencia y evidencian las fallas del sistema de seguridad y procuración de justicia, sin lugar a duda son multifactoriales y sus resultados evidentes: devastan los anhelos y transforman el ánimo colectivo en detrimento de la calidad de vida.
Vivimos todos en un riesgo permanente. Los hechos delictivos que en el México de antes conocíamos a través de los medios y la prensa escrita, en el presente nos enteramos por conocidos, amigos o familiares que han sido víctimas del hampa y en el peor de los casos, lo hemos sido de manera personal.
Desde luego, estos acontecimientos que se vinculan ya con la paranoia individual y colectiva de una sociedad que cohabita presa de la delincuencia y de las diversas formas como se manifiesta, propician una cultura del terror que se observa en los cambios de hábito de las personas, en las fachadas enrejadas de los comercios, en las autolimitaciones para deambular libremente por las calles y carreteras, en extremar precauciones y en los límites a la tendencia social de armarse por precaución.
El aumento de la criminalidad es lamentable, pero más aún la ineficacia del estado en la prevención, persecución y punibilidad de los delitos. La redención de las autoridades en el tema no se conseguirá sólo con la actividad reformadora del marco jurídico, endureciendo penas y sanciones, sino mediante la atención integral de los factores que fomentan este fenómeno. La ciudadanía exige decisiones firmes, para combatir la criminalidad con eficacia. La seguridad de las personas es el bien jurídico tutelado de mayor importancia; sin ésta es muy difícil disfrutar de las demás prerrogativas constitucionales.
En fechas recientes, las autoridades municipales han hecho del conocimiento de los suscritos acerca de que en las carreteras federales que circundan el municipio de Huitzilac, incluyendo parajes como Zempoala y comunidades como Tres Marías, a diario se reportan hechos delictuosos graves como secuestros, violaciones, robos con violencia, homicidios, entre otros. Además, se tiene noticia de que las autoridades policíacas municipales están siendo amenazadas de muerte por grupos delincuenciales relacionados con la tala clandestina.
Sin duda, el Presidente de la República, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales son corresponsables de la seguridad pública en términos de lo dispuesto por nuestra legislación vigente; sin embargo, los efectos de la realidad nos avasallan y dictan condiciones que ponen en desventaja o imposibilidad material a las autoridades locales para enfrentar en igualdad de condiciones al crimen organizado.
Por esta razón, es ineludible solicitar el apoyo y el respaldo de las fuerzas federales, mediante excitativa que, en este caso, propone la Legislatura del Estado, en el caso del trastorno interior, conforme lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponemos que a través de esta excitativa intervengan las fuerzas federales en un marco de coordinación y articulación con las corporaciones policiales estatales y municipales.
Cabe destacar que las acciones y actividades que las fuerzas federales realicen en el Estado de Morelos, deberán llevarse a cabo en absoluto respeto a las garantías individuales y los derechos humanos de la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excita al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de las diversas fuerzas federales a comisionar elementos que intensifiquen, en el marco de respeto absoluto a las garantías individuales y derechos humanos de la ciudadanía, su presencia y recorridos por las carreteras y autopistas en la entidad, específicamente en las carreteras, caminos y áreas federales circundantes al municipio de Huitzilac.
SEGUNDO.- Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, solicitamos que el presente asunto sea calificado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión, conforme lo dispone el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a las instancias competentes del Congreso del Estado, a efecto que se realicen las gestiones administrativas correspondientes para dar cumplimiento al presente punto de acuerdo legislativo.
Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil diez.
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO
DIPUTADO JORGE ARIZMENDI GARCÍA, PRESIDENTE; DIPUTADO LUIS MIGUEL RAMÍREZ ROMERO, SECRETARIO; DIPUTADO FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, VOCAL; DIPUTADO LUIS ARTURO CORNEJO ALATORRE, VOCAL; DIPUTADO FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, VOCAL; DIPUTADO OTHÓN SÁNCHEZ VELA, VOCAL; DIPUTADA TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUIZ, VOCAL.
Mis 10 Puntos Estratgicos
