DIP. JORGE ARIZMENDI GARCÍA:
Con su permiso, ciudadano Presidente;
Diputadas, diputados compañeros;
Señores de la prensa;
Todos quienes nos acompañan en esta mañana, en esta tarde:
Los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, vemos con enorme preocupación el problema político y social que se ha desatado a raíz de la llamada “Ley de Arizona”, promovida por la gobernadora de ese Estado del país vecino y que afecta a nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos.
En Arizona trabajan aproximadamente cuatrocientos mil hispanos, la mayoría de ellos de origen mexicano que, de aplicarse esta ley, verán sus derechos civiles afectados.
Tal disposición es discriminatoria, racista y violenta, los más elementales logros en materia de derechos humanos, la libertad individual y la libertad de circulación son vulneradas.
Por tal razón, el grupo parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados expresa, de manera rotunda y enérgica, su más firme rechazo a la llamada “Ley de Arizona” que pretende criminalizar, en una actitud francamente racista, a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos.
La ley SB 1070 faculta a las autoridades policiales de ese Estado de la Unión Americana a detener a cualquier persona que consideren sospechosa de no contar con documentación migratoria y pueden ser detenidas con base en un perfil étnico y racial. Es obvio que eso les da derecho a detener a cualquier persona sólo por sus rasgos raciales.
El grupo parlamentario del PRI ratifica su compromiso con las libertades individuales y se pronuncia en contra del franco retroceso que supone esta disposición en la lucha por la libertad de los derechos civiles y los derechos humanos.
Nos solidarizamos con la propuesta de nuestro compañero diputado, con las diferentes propuestas que se han expresado en varias partes de los Estados Unidos por ese proyecto de ley que, además de ser inconstitucional, se inscribe en un proceso electoral para el que se usa una fuerza de trabajo que respalda y colabora con la economía norteamericana.
El supuesto aumento de popularidad de la Gobernadora de ese Estado pone de manifiesto su propósito político al respaldar esa ley. La Gobernadora cedió ante el radicalismo racista al convertir en una ley una propuesta y provoca que Arizona caiga en una espiral de miedo generalizado en detrimento de la confianza de la comunidad hacia sus autoridades en aumentos delictivos y juicios costosos con repercusiones de carácter nacional.
La Gobernadora, quien enfrenta una reñida contienda electoral y trata de mitigar el descontento por la inmigración ilegal en el Estado, promulgó la ley que, pese a las críticas del Presidente de los Estados Unidos, quien la calificó de irresponsable y mal encaminada.
Es insostenible que se detenga y arreste a personas que podrían parecer inmigrantes indocumentados simplemente en base a su apariencia.
En toda América Latina están surgiendo voces de protesta en contra de la Ley Arizona y de respaldo a la posición de México, país que es el más afectado por esta disposición.
Por nuestra parte, nos sumamos a las propuestas que, en distintos estados de México, han despertado esa ley discriminatoria, no sólo por solidaridad nacional y en defensa de la nación, sino porque en Arizona también hay migrantes morelenses que habrían de ser sometidos a esa inaceptable legislación.
Afortunadamente, las voces libres del país vecino protestan ante tan injustificada ley, desde Nueva York hasta los Ángeles, desde Texas hasta Oregon se escuchan reclamos en contra de la Gobernadora de Arizona.
En América Latina, los integrantes de Luna Sur, igualmente elevan sus reclamos en contra de una disposición que lesiona la convivencia internacional y resquebraja los principios que alientan todas las organizaciones de cooperación internacional, somos de la convicción de que las relaciones bilaterales deben sustentarse en la cooperación, la corresponsabilidad y en el respeto mutuo y la Ley Arizona, justamente, desconoce tales principios.
Nos pronunciamos por avanzar en una ley migratoria basada en la rendición de cuentas y que no ponga en riesgo los principios de justicia de aquella nación. Es ese, sin duda, el mayor camino para solucionar los problemas que plantea la intensa migración de nuestro tiempo.
Le solicitamos enérgicamente a la cancillería mexicana que haga uso de todos los recursos diplomáticos y los mecanismos bilaterales y multilaterales que sean necesarios para defender la integridad de los derechos de los migrantes mexicanos.
Nos solidarizamos con las expresiones de protesta hechos por los gobernadores del país, independientemente de su filiación partidista, este es un tema de interés nacional que está por encima de colores políticos.
Ante todo aquello que amenace al interés nacional y atente contra los derechos elementales, no podemos y no queremos permanecer al margen.
Hoy más que nunca, la comunidad internacional requiere de normas de convivencia pacífica, no habremos de permitir que unos cuantos que piensan como si estuviésemos en el Siglo XIX, impongan sus criterios racistas y pretendan criminalizar la migración que obedece a muy diversos factores, cuya solución exige del respeto entre países y de un amplio diálogo entre los que participamos.
Por la dignidad de los mexicanos en Arizona, a favor.
Es cuanto, señor Presidente.
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